Han pasado veinte años de la declaración de Bolonia y todavía continúa siendo un reto, no solo el desarrollo y aplicación de sistemas de evaluación de los aprendizajes basado en las competencias, sino también el que estos conduzcan a una evaluación formativa, es decir, que sirva para que el alumnado aprenda más (y/o corrija sus errores) y para que el profesorado aprenda a perfeccionar su práctica docente. Las mayores dificultades en la consecución de estos retos se deben a las inercias institucionales y al arraigo de sistemas tradicionales entre el profesorado universitario. En una sociedad con pretensión de ser innovadora y eficiente, resulta evidente la importancia que alcanzan las competencias y su adecuada evaluación como elementos clave en la educación. En este sentido, se percibe una tendencia creciente no solo en la teoría sino también en la práctica al cambio en las metodologías tradicionales docentes hacia métodos que promueven un papel más activo del alumno en su aprendizaje, basados en la formación en competencias, y a un modelo de evaluación basado en el aprendizaje de ellas. Bajo esta premisa es imprescindible conocer y valorar cuáles son las competencias adecuadas como motor del aprendizaje y de la innovación educativa. Esto supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.