Durante los últimos años las universidades han experimentado importantes reformas tanto estructurales como funcionales, con el objetivo de incrementar el ámbito de competencias que les corresponden. Existe una presión internacional para incentivar las relaciones entre estas instituciones y otros agentes más allá del ámbito académico –como empresas, administraciones públicas u organizaciones sin ánimo de lucro- con la expectativa de que las universidades se conviertan en el motor del crecimiento económico y del progreso tecnológico y social. Esta interacción con el entorno económico y social de las universidades es lo que se ha llamado “la tercera misión”, acomodándose dentro de las estrategias institucionales junto a las tradicionales misiones de docencia e investigación.

Existen sin embargo diferentes perspectivas de cómo estas tres misiones u objetivos de las instituciones de educación superior deben cumplirse. Por un lado, los responsables políticos enfatizan la necesidad de re-definir el papel de las universidades en la sociedad moderna, mientras que desde el mundo académico se enfatiza la necesidad de entender cómo manejar de manera eficiente el (cada vez mayor) espectro de actividades en las que estas instituciones se ven involucradas.

Este desajuste ha sido particularmente patente en España, donde en 1986 el gobierno introdujo la primera Ley de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, con la intención de incentivar la innovación, estimular la investigación y transferir los resultados generados en las universidades al sector privado. Esto dio lugar a un modelo universitario de “talla única” donde las instituciones deben llevar a cabo –y ser excelentes en- docencia, investigación e interacción con el entorno, y que sigue vivo desde entonces.

Actualmente, las tres misiones conviven conjuntamente y forman la columna vertebral de los planes estratégicos de las universidades. Se asume así, aun teniendo en cuenta la autonomía que caracteriza a estas instituciones, que las universidades tienen una capacidad homogénea para contribuir al desarrollo económico y social, y que las tres misiones estratégicas de estas instituciones caminan de la mano de una manera sinérgica y libre de tensiones.

Pero el hecho de que estos supuestos sean deseables o realistas está abierto al debate, y es difícil de juzgar debido a la dificultad de conectar las misiones estratégicas de las universidades con sus actividades y resultados. En un trabajo reciente de investigación donde se analizan las 47 universidades públicas españolas a través de 22 de sus indicadores de rendimiento más utilizados (estudiantes, publicaciones, proyectos de investigación, contratos, consultoría y derechos de propiedad intelectual entre otros) se ha concluido que la investigación y la tercera misión caminan de la mano como estrategias de las universidades a través de una relación positiva entre ellas. Sin embargo, ambas misiones fallan en su relación con las actividades docentes. Esta relación negativa no significa que la búsqueda de la excelencia en la investigación y la tercera misión dañe la docencia, pero sugiere que, de forma agregada, las tres misiones pueden generar exigencias contradictorias a lo que se espera de las universidades.

Dados estos resultados, la política de “talla única” actualmente vigente podría ser considerada perjudicial. Quizás no es sorprendente que la visión nacional de la homogeneidad de las universidades oculte la diversidad de estas instituciones que cuentan con diferentes capacidades y fortalezas. Sin embargo, lo que sí es tangible es que la política existente limita la capacidad de las universidades para perseguir una estrategia de especialización que las diferencie y permita realzar sus especificidades. Los responsables políticos españoles deberían reconocer que permitiendo la co-existencia de modelos alternativos de universidad se generarían atributos importantes y complementarios. Permitiendo a las universidades seguir diferentes estrategias se les daría la oportunidad de contribuir a un desarrollo social y económico que esté guiado por las necesidades regionales y locales. Las políticas de educación superior deben tener por objetivo conectar de manera fehaciente las capacidades de estas instituciones con las necesidades locales y regionales. Los gobiernos regionales deben poner más énfasis en la manera de armonizar los intereses y necesidades regionales con las capacidades de las universidades. Esto implica mirar más allá de la contabilización de publicaciones y patentes para obtener una visión más profunda de cómo instituciones e investigadores pueden contribuir a la sociedad actual.

Este artículo se basa en el estudio de investigación publicado en la revista Research Policy y fue publicado en la versión inglesa de la revista Research Europe, 6 Noviembre 2014, cuya versión es gratuita.